Más agresiones al campo
El Gobierno presiona a los productores y acopiadores de granos y a tradicionales entidades con metodologÃÂas impropias y amenazas de todo tipo.
La continuada batería de agresiones, concretadas en medidas oficiales y en otras mediante amenazas de serlo, no hace otra cosa que mantener vivo el clima oficial adverso al campo, situación que se mantiene desde poco después del arribo del kirchnerismo al poder. Ello ha culminado con dos hechos de extrema gravedad. Por un lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desplegó una masiva actividad destinada a requerir información de parte de los productores y acopiadores de soja para conocer sus existencias del grano. Todo ello, con el propósito de presionarlos a alimentar su exportación para lograr las cada vez más esquivas divisas y proveer recursos al Tesoro a través del cobro de las retenciones aplicadas al mayor proveedor, la soja, que al exportarse debe depositar el 35% de su valor en las arcas públicas.
Por otro lado, como si lo expresado fuera poco, se ha ensayado otro operativo temor al difundir la idea de que podría aplicarse al caso la ley antiterrorista, consistente en dos modificaciones al Código Penal: una de 2007 y otra de 2011, destinadas principalmente a evitar el lavado de dinero como fuente de financiación del terrorismo internacional. Pero, de paso, se podrían usar sus servicios para otros fines, como amedrentar a los productores y acopiadores con esas intenciones.
Recientemente se han verificado otros agravios, como el propósito confiscatorio del predio de La Rural, en Palermo, felizmente abortado hasta hoy por la acción oportuna de la Justicia. Otro ejemplo de esa ofensa ha sido la casi nula participación del sector público federal en Expoagro, en Baradero, situación que ya se ha venido registrando en ediciones anteriores de esa exposición y de la Rural de Palermo, donde se llegaron a levantar los stands de organismos oficiales previamente instalados.
Otros numerosos e importantes hechos han jalonado la relación del gobierno nacional con el agro y sus industrias, desconociendo que se trata del sector más eficiente de la economía el que, librado a la intemperie, con impuestos y trabas de todo tipo, va resignando competitividad a favor de otras naciones, como los Estados Unidos, Brasil, Australia y Canadá, y aun otros países más pequeños como Nueva Zelanda y Uruguay.
Por otra parte, la puntería de la AFIP no parece afinada en cuanto a que el stock de soja del ciclo pasado sería mínimo, del orden de 1,5 millones de toneladas. Por su parte, los productores han hecho saber que, por disposiciones legales y por su conocimiento del negocio, les corresponde a ellos decidir cuál es el momento de vender el fruto de su trabajo.
Fuente: La Nación
