Participación del Estado en la renta agrícola fue de 93,5%
FADA publicó la última medición del Ãndice FADA de participación del Estado en la renta agrÃcola, afirma que el Estado se lleva $93,50 de cada $100 de renta que genera el campo.
El peso de los diferentes impuestos e intervenciones estatales sobre el campo argentino continúa creciendo. La participación del Estado en la renta agrícola ha saltado de un promedio del 74% - 75%, durante el periodo 2009-2013, al actual 93,5%. El motivo de este salto no ha sido el incremento de los impuestos, sino la permanencia de tributos como los derechos de exportación, provenientes de un contexto con un tipo de cambio real alto y buenos precios de los commodities agrícolas. La situación actual es muy distinta: atraso cambiario, inflación y caída de los precios internacionales.
Si se toma como ejemplo la soja, se puede ver que hoy vale el 55% de lo que valía en septiembre de 2012, es decir, casi la mitad que hace 3 años. Esto provoca que la renta que genera una hectárea se reduzca y la participación del Estado crezca, ya que el derecho de exportación, el tributo más importante, actúa sobre el valor bruto, es decir, no tiene en cuenta los costos para producir, comercializar, transportar y administrar la producción.
Que el Estado se apropie del 93,5% de la renta agrícola significa que la sumatoria de los tributos (provinciales y nacionales) y los costos de intervención, representan $93,50 de cada $100 que genera una hectárea promedio. La renta es lo que vale la producción menos los costos, es decir, el resultado que se obtiene al restar los costos al valor a precios internacionales de la producción de esta hectárea.
La producción y costos de esta hectárea se calculan utilizando los rindes, costos y distancias al puerto promedio a nivel nacional para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol y ponderando los por la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional.
Así, se obtiene la renta, la que se distribuye en el resultado de la producción, la renta de la tierra y la participación del Estado.
Los costos de intervención, principal consecuencia de las restricciones a la exportación aplicadas por el gobierno Nacional (ROE), generan importantes efectos negativos en los mercados de trigo y maíz. Hoy el maíz se vende al 78% de su precio teórico en el mercado interno (efecto ROE) y al 62% de su precio internacional (efecto ROE más efecto derechos de exportación). Mientras que el trigo se vende al 63% de su precio teórico dentro de Argentina y al 48% de su precio internacional. Es por ello que muchas veces los productores dicen que tienen una “retención” efectiva de 48% en maíz y 52% en trigo.
Este tema de precio se traduce en un problema de rentabilidad y en incentivos negativos a cultivar maíz y trigo. El problema radica en la necesidad de sembrar estos cultivos por el bienestar de los suelos. Por un lado, el maíz y el trigo aportan materia orgánica a la tierra, mientras que cultivos como la soja la extraen. Por otro lado, la rotación es buena para controlar las malezas, si se cultivan las mismas especies muy seguido aparecen malezas resistentes y se deben utilizar más agroquímicos y más fuertes para matarlas. Por lo que el problema de precio y rentabilidad se convierte en un desafío para la sustentabilidad de la producción agrícola. Hoy se siembran 5 hectáreas de soja por cada una de maíz, cuando la relación debería estar lo más cerca de 1 posible; y se están cultivando la mitad de las hectáreas de trigo que en 2002 – 2003.
Que el índice FADA mida la participación del Estado en el 93,5% expone un problema de rentabilidad muy grande y explica el descontento de los productores rurales en todo el país. La campaña que viene se van a cultivar menos hectáreas, más soja, menos maíz, menos trigo, con menos tecnología y menos fertilización. Y la problemática se potencia en las economías regionales.
El país necesita un cambio urgente de políticas públicas para revertir esta situación, mejorar la sustentabilidad, producir más, exportar más y generar más empleo. Es necesario que los decisores políticos comprendan que el tema excede al bolsillo del productor agropecuario, que afecta al suelo que le dejamos a nuestros hijos, que afecta de manera directa a las economía del interior, que incide sobre las exportaciones y la disponibilidad de dólares y que toca de manera directa a la generación de empleo genuino.Con las políticas correctas, se podrían generar medio millón de puestos de trabajo en todo el país.
