Un conflicto que impactará en 2013
La dirigencia rural reconoce que la medida de fuerza que concluyó ayer no tuvo el mismo impacto que la pelea por la 125, pero cree que el mensaje fue "contundente".
Para sostener esa idea se apoya en la escasa entrada de animales en el Mercado de Liniers y en que no hubo operaciones en el mercado de granos. También rescata como hecho positivo el hecho de que no hubiera habido riesgo de desabastecimiento de alimentos ni que se hubieran cortado las rutas. Claro, con tanta normalidad más de un observador se preguntará si la medida de fuerza tuvo el efecto deseado. A juzgar por la reacción del Gobierno, parece que no.
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, dijo que no estaba dispuesto a recibir a la Comisión de Enlace, sino que dialogará con las entidades en forma individual. Ayer los ruralistas parecieron mostrarse inflexibles en su decisión de no prestarse al juego de la individualidad para discutir la política agropecuaria del Gobierno.
Pero hay un segundo problema: no es el ministro de Agricultura el que decide las medidas centrales de la política agropecuaria. Es el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien tiene la última palabra sobre el funcionamiento de los mercados de granos y de hacienda. Desde que en abril de 2006 Néstor Kirchner le encomendó frenar los precios de la carne porque no quería que se disparara el costo de vida, Moreno comenzó a desplegar sus particulares métodos de control de precios y de intervención de los mercados. El resultado está a la vista: la carne vacuna duplicó su precio en el lapso de un año y medio y el consumo se redujo a los niveles más bajos de la década, apenas comparables con los de 2002.
Con la intervención en el mercado de trigo, por temor a que una eventual suba afectara el precio del pan, el resultado fue similar. En esta campaña los productores reducirán en un 17% el área sembrada con el cereal porque en el ciclo anterior lo tuvieron que malvender por las trabas para exportar y la intervención en el mercado de granos. Al control de precios que ejerce el Gobierno, con el supuesto de que hay que cuidar la "mesa de los argentinos", se suma la crisis económica internacional que está deprimiendo los precios de algunos productos, como la leche en polvo, que en un año cayó un 34% debido, entre otras cosas, a la caída del consumo en la Unión Europea. Hasta la propia Cristina Kirchner reconoció ese dato ayer, al anunciar los créditos para la vivienda. La Presidenta dijo que era una ventaja contar con el mercado interno. Sin embargo, no hizo referencia a que las cuentas de los tamberos comienzan a estar en rojo porque la industria no está en condiciones de pagarles un mejor precio, debido al aumento de costos y a la creciente inflación.
En ese contexto, la gota que rebasó el vaso fue el revalúo de tierras en la provincia de Buenos Aires, que provoca un efecto cascada sobre el pago de los tributos nacionales. Lo peor, según los asesores tributarios de los productores, no ocurrirá este año sino en 2013, cuando tengan que pagar Bienes Personales. Los ruralistas dicen que eso provocará una caída de la actividad económica en el interior. Por ese motivo la Mesa Agropecuaria Bonaerense continuará discutiendo nuevas medidas de protesta y promoverá asambleas para que los productores tomen conciencia de la situación.
Ese menú de reclamos y la diferencia de visión sobre la misma realidad que tiene el Gobierno permiten predecir que el conflicto será prolongado, aunque es improbable que tenga las mismas características que alcanzó hace cuatro años. Los ruralistas saben que deben apelar a otras formas de protesta para que la sociedad urbana vuelva a prestarles atención.
El Gobierno, por el momento, los sigue considerando un adversario político, pese a que Cristina Kirchner dio por cerrado el conflicto el año pasado cuando visitó la sede de Coninagro durante la campaña electoral. Por el momento, el diálogo es el principal ausente.
La Nación
