Diputados del agro presentan su propio proyecto de una ley

El formoseño Ricardo Buryaile junto a otros radicales, el PRO y la Coalición Cívica piensa en una cobertura que incluye subsidios y exención de ganancias. Según los legisladores la inversión del sector ronda los 40.000 millones de dólares anuales.

21/05/2012 | Iniciativa legislativa

Encabezados por el formoseño Ricardo Buryaile (UCR), varios legisladores que están en línea con los reclamos de las entidades agropecuarias presentaron un proyecto de ley que crea un seguro básico agropecuario y forestal (BAF) que incluye un subsidio estatal para la cobertura de una porción de las primas. 

La iniciativa lleva el respaldo político de otros radicales como Jorge Chemes (Entre Ríos), Lucio Aspiazu (Corrientes), Juan Casañas (Tucumán), y las diputadas del PRO Gladys González (Buenos Aires) y de la Coalición Cívica (fiel adherente a Elisa Carrió) Hilma Ré (Entre Ríos).
La iniciativa plantea que la porción de prima subsidiada será el diferencial entre lo que cueste la prima básica, conforme a las condiciones de cada región, por otra de tipo “compensatoria” que surge también de las características de cada región para cada cultivo.
Además el seguro no será obligatorio, sino por la adhesión de los empresarios, en tanto que se crea un Consejo Consultivo con la participación de las entidades la administración pública nacional, provincial, el Inta, el Servicio Meteorológico, y las empresas de seguro y reaseguro. Todos ellos coordinados por la Oficina de Riesgo Agropecuario que funciona en el Ministerio de Agricultura de la Nación.
Pero la norma en cuestión plantea también otros beneficios como el descuento de ganancias del 100 por ciento de lo que se destine a la cobertura de riesgo, la continuidad de los beneficios que otorga la ley de emergencia actual (a la que se añade una modificación) y la reducción en el IVA en un 50 por ciento para la comercialización de seguros.
“La experiencia indica que la economía de los pueblos se resiente aun más que la economía nacional cuando la producción estimada no coincide con la obtenida”, remarcan los legisladores al momento de argumentar la medida.
Y resalta que quienes más sufren “son la mayoría de las veces quienes menos respaldo financiero tienen para retener su capital de trabajo y subsistir hasta la próxima zafra productiva”.
Según los legisladores la inversión del sector ronda los 40.000 millones de dólares anuales, pero para su cobertura por contingencias climáticas solamente existe un fondo de emergencia que gira en torno a los 120 millones de la misma moneda. “Es imposible que desde este fondo o cualquier otro que se cree, se pueda atender a cualquier adversidad que se presente”, aseguran.

Fuente: El Enfiteuta

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