Presentaron proyecto de ley para eliminar las retenciones
Un proyecto de ley propone eliminar los derechos de exportación con un esquema mensual y automático, mientras el sector agroindustrial busca ganar competitividad en el nuevo escenario del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
El debate por las retenciones volvió a instalarse en el Congreso con una iniciativa que apunta a ordenar, reducir y finalmente eliminar los derechos de exportación para el sector agroindustrial argentino. La propuesta, impulsada por el diputado nacional Martín Ardohain, del PRO La Pampa, plantea un cronograma de baja gradual con eje en la previsibilidad fiscal, la competitividad exportadora y la reserva de ley en materia tributaria.
El proyecto que lleva el nombre de "Eliminación gradual de los derechos de exportación y previsibilidad fiscal" fija como punto de partida el 1 de mayo de 2026. Esta fecha coincide con el inicio de la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que abrió una nueva etapa para el comercio entre ambos bloques y puso nuevamente el foco en la estructura impositiva que pesa sobre las exportaciones argentinas.
La iniciativa alcanza a mercaderías agroindustriales además de materias primas y manufacturas de origen agroindustrial vinculadas a los sectores forestal, cuero, textil de origen natural y biocombustibles, siempre que se trate de exportaciones definitivas para consumo.
En busca de la previsibilidad
Para las manufacturas de origen industrial, agroindustrial y productos de economías regionales que aún pagan derechos de exportación, el texto propone una reducción mensual, lineal y automática hasta llegar a una alícuota de 0% en un plazo de 36 meses. Y las posiciones que ya se encuentran en 0% mantendrían ese nivel.
En la práctica, la baja mensual surgiría de dividir la alícuota vigente al 1 de mayo de 2026 por los 36 meses del cronograma. De esa manera, el esquema busca evitar decisiones discrecionales y ofrecer una regla conocida de antemano para productores, exportadores e industrias vinculadas al agregado de valor.
El tratamiento diferencial aparece en el complejo soja, donde se plantea una reducción automática de 0,5 puntos porcentuales por mes hasta alcanzar la eliminación total. Se trata de un punto central del proyecto, por el peso fiscal y exportador de la cadena sojera dentro de la economía argentina.
El planteo se da en un contexto en el que el acuerdo Mercosur-Unión Europea también incorporó compromisos vinculados a los derechos de exportación. Según un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario, el acuerdo establece una rebaja generalizada de retenciones, con una excepción para la cadena soja, que queda alcanzada por un tope del 14%.
Ese punto conecta la agenda agroindustrial interna con las nuevas reglas comerciales externas. La eliminación o reducción de retenciones no sólo impactaría sobre el precio recibido por el productor, sino también sobre las decisiones de inversión, tecnología, fertilización, riego, maquinaria y agregado de valor en origen.
En los fundamentos, el proyecto sostiene que la baja de la presión fiscal permitiría liberar recursos en el margen del productor y favorecer una capitalización del sistema productivo. En esa línea, menciona inversiones en infraestructura predial, riego suplementario, modernización de maquinaria agrícola y esquemas de fertilización profunda.
El poder al Congreso
Además del cronograma de reducción, el proyecto propone limitar la facultad del Poder Ejecutivo para crear o subir retenciones. Con ese cambio, este tipo de medidas quedaría exclusivamente en manos del Congreso, tal como establece la Constitución Nacional.
Por su parte, el Poder Ejecutivo mantendría la facultad de reducir o eliminar total o parcialmente las alícuotas cuando eso implique una mejora en las condiciones de competitividad o una aceleración del cronograma previsto. De este modo, el proyecto busca limitar las subas por decisión administrativa, pero conservar margen para aplicar alivios fiscales.
Para las cadenas exportadoras, el proyecto introduce una hoja de ruta de largo plazo sobre uno de los reclamos históricos del campo, en un momento clave para la competitividad del sector. Mientras que para el Estado, abre el desafío de compatibilizar competitividad, recaudación y estabilidad fiscal en una economía que necesita más divisas, más producción y reglas menos cambiantes.
