El Gobierno cerró el plan estratégico vitivinícola
La Resolución 55/2026 oficializó el cierre del plan estratégico del sector y eliminó las contribuciones obligatorias que financiaban su funcionamiento.
La medida redefine el rol de la Corporación Vitivinícola Argentina y abre una nueva etapa para la vitivinicultura argentina.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, oficializó la finalización del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) mediante la Resolución 55/2026, una medida que marca un cambio estructural en el esquema de financiamiento del sector y redefine el rol de los organismos involucrados.
Marca un cambio estructural en el esquema de financiamiento del sector y redefine el rol de los organismos involucrados.
La decisión establece el cierre formal del programa impulsado por la Corporación Vitivinícola Argentina, que había sido concebido con horizonte al año 2020, y dispone un plazo de tres meses para completar su proceso administrativo, incluyendo la presentación de un informe final con rendición de cuentas y evaluación de resultados.
Fin de un ciclo y cambios en el financiamiento
Uno de los puntos centrales de la resolución es la eliminación de las contribuciones obligatorias que debían realizar los establecimientos vitivinícolas, previstas en la Ley 25.849. Estos aportes financiaban las acciones del PEVI y su continuidad había sido prorrogada en los últimos años a través de distintas resoluciones de la COVIAR. Con la nueva normativa, el Gobierno considera cumplido el objetivo del plan y determina que dichas contribuciones pierden su razón de ser. En consecuencia, también se ordena al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) cesar la recaudación de estos fondos de manera inmediata. Además, los recursos remanentes que no hayan sido ejecutados al momento del cierre serán transferidos al patrimonio del INV, organismo que continuará con funciones de control y fiscalización del sector vitivinícola.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la eliminación de las contribuciones obligatorias que debían realizar los establecimientos vitivinícolas.
Alcances institucionales y límites a la prórroga
En los fundamentos de la medida, la Secretaría de Agricultura sostiene que el plan tenía un plazo de ejecución claramente delimitado hasta 2020 y que cualquier extensión debía ser aprobada por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, interpreta que las decisiones adoptadas por la COVIAR, como la actualización hacia un "PEVI 2030", no tenían carácter vinculante sin la correspondiente validación oficial. La resolución aprueba de manera parcial la solicitud de extensión presentada por la corporación en 2020, considerándola válida únicamente hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa.
A pesar del cierre del plan, la Corporación Vitivinícola Argentina no será disuelta y continuará operando como entidad, aunque sin el esquema de financiamiento obligatorio que sostenía gran parte de sus actividades. La medida abre un nuevo escenario para la vitivinicultura argentina, que deberá redefinir sus herramientas de planificación estratégica y financiamiento en un contexto de cambios en la política agroindustrial. También deja interrogantes sobre el futuro de la articulación público-privada que caracterizó al PEVI durante más de una década.
Fuente: Revista Chacra
